Acusan a “Alito” Moreno por intentar desviar 32 mdp a la capacitación de mujeres
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y su secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, son acusados de intentar desviar 32 millones de pesos (mdp) destinados a la capacitación de mujeres, por ello, fueron denunciados ante la Fiscalía en Delitos Electorales de la FGR informó la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez.
«Ese recurso no puede ser utilizado como caja chica de los dirigentes priistas», afirmó y señaló que los fondos estaban auditados y bajo supervisión del INE.
Ante medios de comunicación la legisladora tamaulipeca señaló que fue presionada para aceptar e implementar un esquema de desvío de fondos del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, que ella presidía.
«Alejandro Moreno y su secretario de Finanzas me presionaron para buscar generar un esquema en donde ellos pudieran retornar la mitad de un recurso de 32 millones», expuso.
La denuncia se centró en la violencia política en razón de género por la obstrucción de sus facultades como líder del organismo, particularmente en la gestión de un fondo del 3% destinado a la capacitación de mujeres en partidos políticos.
De acuerdo con la legisladora, aunque los recursos fueron manejados de manera transparente durante los primeros tres años de su gestión, en el cuarto año, Moreno y Gutiérrez Arroyo le solicitaron simular el uso del dinero con capacitaciones en línea de un «instituto patito».
Asimismo, en su denuncia presentó un audio del 27 de junio de 2023 en donde Gutiérrez Arroyo le plantea aceptar cursos en línea a un costo menor y regresar la diferencia a la Secretaría de Finanzas.
«Ellos me pedían que me prestara yo para poder simular usar el recurso y ellos quedarse con la mitad del recurso», enfatizó la diputada en la entrevista con López-Dóriga.
La propuesta era impartir tres cursos en línea, cada uno con un valor supuesto de 11 millones de pesos. «Como yo me negué a esto, lo que se viene es violencia política en razón de género», sentenció.
Su negación ante la presión le conllevó a ser excluida de las actividades del partido y destituida de su cargo sin notificación formal, además de ser privada de sus funciones administrativas. Fue en diciembre pasado, cuando Arcos fue destituida y le negaron la entrega recepción de su gestión.
Para tener acceso a una reunión con la Contraloría del PRI, además de entregar un vehículo y laptops, fue requisada para confiscar cualquier dispositivo de grabación. Y enfatizó desconocer qué ocurrió con el recurso asignado para la capacitación de mujeres, razón por la cual presentó una queja ante el área de Fiscalización del INE.